Glaciares en emergencia: Argentina flexibiliza su protección y reabre la disputa entre minería y agua en los Andes

La aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina marca un giro decisivo en la política ambiental y minera de América Latina. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, el Congreso argentino dio luz verde a una modificación que flexibiliza la protección de glaciares y ambientes periglaciares, abriendo la puerta a nuevos proyectos extractivos en zonas de alta montaña que hasta ahora estaban vedadas para la minería.

La decisión no solo destraba inversiones estimadas en hasta US$40 mil millones, según cálculos citados por analistas del sector, sino que también coloca presión sobre Chile y Perú, países que comparten la Cordillera de los Andes —uno de los corredores minerales más ricos del planeta— pero aún carecen de marcos específicos comparables para proteger sus reservas glaciares.

Un cambio de fondo en la ley pionera de 2010

Argentina fue el primer país de América Latina en promulgar, en 2010, una legislación específica para blindar glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Esa ley prohibía actividades mineras, hidrocarburíferas y obras no científicas en esas áreas.

La reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei modifica ese principio: ahora serán las provincias las que determinen qué cuerpos de hielo cumplen una “función hídrica efectiva” y, por tanto, merecen protección. Los demás podrán ser habilitados para actividades extractivas.

El argumento oficial es que la norma anterior generaba “interpretaciones erróneas” que paralizaban proyectos incluso en zonas sin glaciares activos. Para las provincias mineras —como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza— el cambio significa mayor autonomía sobre sus recursos naturales y una vía para acelerar inversiones estratégicas en cobre, oro, plata y litio.

Proyectos millonarios que se destraban

Entre los desarrollos que podrían beneficiarse de inmediato destacan Vicuña, Josemaría, Filo del Sol y El Pachón, todos ubicados en áreas cordilleranas de alto potencial cuprífero.

La reforma llega en un momento clave: Argentina busca consolidarse como proveedor global de minerales críticos para la transición energética. Solo en cobre, el país aspira a competir con gigantes regionales como Chile y Perú, mientras acelera un portafolio de megaproyectos respaldados por incentivos fiscales y cambiarios.

Reuters reporta que el gobierno argentino proyecta que el nuevo marco podría generar exportaciones mineras por hasta US$165 mil millones hacia 2035, transformando economías regionales enteras.

La otra cara: agua, ecosistemas y conflicto social

Pero el avance legislativo ha encendido alarmas entre científicos, ambientalistas y comunidades andinas.

Argentina alberga 16,968 glaciares que cubren 8,484 km²; más de 16 mil están en la Cordillera de los Andes. Estos ecosistemas funcionan como reservas hídricas esenciales para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica.

Organizaciones ambientales advierten que delegar la definición de protección a provincias con fuerte interés minero debilita los estándares nacionales y fragmenta la gobernanza del agua. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha calificado la reforma como un retroceso ambiental que podría vulnerar principios constitucionales de protección progresiva.

La polémica quedó reflejada en el proceso legislativo: más de 50 mil personas participaron en audiencias públicas y miles protestaron frente al Congreso durante la votación.

Chile y Perú: el espejo incómodo

El cambio argentino reabre una discusión regional.

Chile concentra cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica, con más de 26 mil unidades inventariadas, pero aún no cuenta con una ley específica de glaciares. La protección depende de regulaciones dispersas dentro del sistema ambiental general.

Peru enfrenta un escenario más crítico: según datos respaldados por UNESCO, ha perdido cerca del 73% de la superficie de sus glaciares en las últimas décadas. Para 2050, el gobierno peruano prevé la desaparición de al menos 12 cordilleras glaciares. Aun así, tampoco posee una legislación integral específica.

La reforma argentina podría acelerar presiones políticas en ambos países: mientras el mercado minero exige reglas claras para explotar cobre y litio en zonas de altura, la crisis climática exige blindar reservas de agua cada vez más escasas.

Un precedente continental

Lo que Argentina ha aprobado no es solo una reforma minera: es un precedente para toda la región andina.

El debate de fondo ya no es únicamente cuánto mineral extraer, sino quién decide qué glaciar vale más: si el que sostiene una cuenca hídrica o el que yace sobre una veta de cobre.

En la Cordillera de los Andes, el choque entre transición energética y seguridad hídrica apenas comienza.

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