Un tratado de plásticos que proteja el ambiente y también la mesa de LATAM

En agosto de 2025, en Ginebra, las negociaciones para alcanzar un tratado internacional que ponga fin a la contaminación por plásticos terminaron sin acuerdo. Para muchos fue una decepción. Yo prefiero leerlo de otra manera: fue una señal de que un tema de esta complejidad necesita más tiempo y diálogo para alcanzar un mejor tratado, y de que todavía tenemos la oportunidad de construir uno que realmente funcione.

La próxima ronda formal de negociación no se prevé antes de marzo de 2027 y, este año, el nuevo presidente del comité, el embajador chileno Julio Cordano, tiene por delante el desafío de ordenar un proceso que quedó sin un texto único de trabajo: definir principios, modalidades y una base común que permita avanzar.

En este proceso de reencauzamiento, Latinoamérica y el Caribe tienen algo que decir.

La contaminación por plásticos es un problema real y urgente que exige respuestas ambiciosas. Pero la ambición sin precisión técnica puede generar daños que no siempre se perciben a primera vista. Y, en nuestra región, uno de esos riesgos tiene un nombre concreto: seguridad alimentaria.

En el debate público se ha instalado una imagen simple: el plástico como “villano”. Sin embargo, esta visión ignora una distinción decisiva: el uso. Un mismo material cumple funciones muy distintas, y un envase técnico diseñado para proteger un alimento o una bebida no es un envoltorio prescindible.

Estos envases son herramientas de ingeniería que controlan la humedad y el oxígeno, frenan la proliferación de bacterias y aíslan el producto de la contaminación externa. Gracias a ellos, la vida útil de un alimento esencial como el pollo entero puede pasar de 7 a 20 días. En una región extensa, con cadenas logísticas complejas y millones de personas lejos de los centros de producción, esa diferencia puede determinar si el alimento llega en condiciones adecuadas a la mesa o se pierde en el camino.

Y se pierde demasiado. Según la FAO, Latinoamérica y el Caribe desperdician el 11,6% de los alimentos disponibles para consumo humano. En una región con desafíos nutricionales persistentes, permitir que los alimentos o bebidas se dañen antes de llegar a las familias es un lujo que no podemos darnos. Cada envase técnico que contribuye a evitar ese desperdicio es también una herramienta de seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Esta es la advertencia que debe llegar a la mesa de negociación: la transición hacia la sostenibilidad no puede darse a costa de la inocuidad alimentaria. Cualquier medida regulatoria —ya sea una prohibición o una lista de materiales a eliminar— debe sustentarse en evidencia científica y evaluaciones de riesgo. De lo contrario, existe el peligro de eliminar un material y, sin quererlo, introducir un riesgo sanitario o provocar el deterioro de alimentos que hoy llegan de manera segura a los consumidores.

La industria de alimentos y bebidas de la región no está esperando a que el tratado se firme para actuar. Ya avanza en el desarrollo de envases 100% reciclables, reutilizables o compostables; en la reducción del uso de resinas vírgenes; y en el rediseño de sus empaques considerando todo el ciclo de vida del producto.

Diseñar mejor significa buscar la menor huella ambiental posible sin sacrificar la función primordial de proteger el alimento. Ese es el estándar que debemos exigirnos.

Y es un sector con la escala necesaria para hacerlo. La industria de alimentos y bebidas aporta más de USD 285.000 millones al PIB regional, genera más de 7 millones de empleos directos y está compuesta en un 96% por micro, pequeñas y medianas empresas. Es un tejido productivo que llega a cada país y a cada comunidad de la región. Cuando la regulación es clara y técnicamente sólida, ese tejido productivo invierte e innova.

Por eso, apoyo un tratado ambicioso en la eliminación de la contaminación por plásticos, pero que también sea inteligente en la preservación de los sistemas alimentarios. Un tratado que ofrezca a Latinoamérica certeza técnica y jurídica, con reglas claras. Y un proceso de negociación transparente e inclusivo, en el que la voz de todos los actores involucrados esté representada.

El equilibrio es posible. Un planeta más limpio y sistemas de abastecimiento seguros, eficientes y sostenibles no se contraponen; por el contrario, se necesitan mutuamente y deben avanzar juntos.

La decisión final está en manos de los Estados, que son quienes negocian. El papel de la industria es acompañar ese proceso aportando evidencia técnica y soluciones concretas, para que los países cuenten con los mejores elementos al momento de decidir.

Ese es el aporte que ponemos sobre la mesa.

Sobre la autora

Juliana Cortez lidera la agenda de asuntos públicos, comunicación estratégica y sostenibilidad de ALAIAB, la principal organización empresarial de la industria de alimentos y bebidas de Latinoamérica y el Caribe. Desde ese rol, conduce la representación del sector ante gobiernos, organismos multilaterales y foros internacionales, incidiendo en el diseño de políticas públicas y construyendo alianzas estratégicas con actores públicos y privados en toda la región.

Su trabajo articula tres ejes: el posicionamiento institucional de la industria en debates regulatorios y de política alimentaria; el desarrollo de estrategias de comunicación de alto impacto; y el avance de agendas de sostenibilidad, economía circular y seguridad alimentaria.

Actualmente, lidera la representación del sector en el proceso de negociación internacional para la construcción del tratado global para poner fin a la contaminación por plásticos.

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