Bolivia autoriza importación de petróleo en medio de crisis energética
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deberá reportar mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales los volúmenes producidos, diferenciando entre producción nacional y producción a partir de crudo importado.
En respuesta a la escasez de combustibles y a la subutilización de su capacidad de refinación, el Gobierno de Bolivia habilitó la importación excepcional de petróleo crudo mediante el Decreto Supremo N.º 5548, una medida que busca reducir costos frente a la importación de diésel y gasolina ya refinados y estabilizar el suministro interno.
La normativa autoriza de manera extraordinaria a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías del país a importar crudo para su procesamiento local, en el marco de la emergencia energética y social declarada por el Ejecutivo. El objetivo es evitar un eventual desabastecimiento y, al mismo tiempo, aprovechar mejor la infraestructura instalada de refinación.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que traer crudo resulta más económico que importar combustibles terminados, lo que permitiría reducir la presión sobre las finanzas públicas y optimizar la cadena de suministro. Además de gasolina y diésel, la refinación de crudo importado permitirá obtener gas licuado de petróleo (GLP), jet fuel, asfaltos y aceites, ampliando el portafolio de productos disponibles en el mercado interno.
Desde el punto de vista industrial, el decreto apunta a elevar los niveles de operación de las refinerías, reducir la capacidad ociosa y contribuir al crecimiento del PIB industrial. La norma también faculta a YPFB a suscribir contratos con refinerías para que estas importen crudo destinado a su procesamiento, bajo un esquema coordinado con el Estado.
Los volúmenes de crudo que ingresen al país serán definidos por el Comité de Producción y Demanda (PRODE), en función de la demanda interna y de la capacidad de transporte y refinación. Las refinerías deberán comercializar los combustibles resultantes a YPFB o a distribuidores mayoristas, con prioridad en el abastecimiento del mercado interno. La exportación de eventuales excedentes solo podrá realizarse con autorización del ente regulador y bajo la normativa vigente.
En materia de precios, el decreto mantiene el régimen actual de comercialización y establece que los productos derivados del crudo importado no contarán con subvención estatal, un punto clave en un contexto de presión fiscal y restricciones de divisas. Para facilitar la operación, se fija además una alícuota de 0 bolivianos por litro del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) por un periodo de un año.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deberá reportar mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales los volúmenes producidos, diferenciando entre producción nacional y producción a partir de crudo importado, con el fin de asegurar trazabilidad fiscal y control regulatorio.
El Gobierno subrayó que la implementación del decreto no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, por lo que no generará un mayor gasto público directo. Sin embargo, analistas locales advierten que el éxito de la medida dependerá de factores logísticos, disponibilidad de divisas y de la capacidad real de las refinerías para operar a mayores niveles de carga.
En un contexto marcado por la presión sobre el abastecimiento de diésel y gasolina, la decisión de priorizar la importación de crudo para refinar en el país busca reconfigurar la ecuación de costos del sistema energético boliviano, fortalecer la producción local y reducir la dependencia de combustibles terminados del exterior.
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